MARIA ISABEL URRUTIA OCORO

Campeona olímpica

DATOS PERSONALES

Nombres: MARIA ISABEL
Apellidos: URRUTIA OCORO
Fecha de nacimiento: MARZO 25 DE 1965,
Lugar de Nacimiento: CANDELARIA VALLE
Edad: 40 AÑOS

EDUCACION

BASICA PRIMARIA : ESCUELA CRISTÓBAL COLON "SANTIAGO DE CALI”

BACHILLERATO: REINALDO BETANCOURT "SANTIAGO DE CALI"

UNIVERSITARIOS: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

LICENCIADA EN BASICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. MEDELLÍN-ANTIOQUIA.

¡HISTORICO, EMOCIONANTE, EXTRAORDINARIO!

El 20 de septiembre del 2000 Maria Isabel Urrutia, logro ubicarse en lo mas alto del podium olímpico al ganar la medalla de oro en el levantamiento de pesas en los juegos olímpicos de Australia, siendo este el logro mas importante en la historia del deporte colombiano. La hazaña se consiguió en la categoría de los 75 kilogramos después de empatar su registro con la Nigeriana Ruth Ogbeifo y con la Taiwanesa Yi-Hang Kuo. las tres competidoras levantaron cada una 245 kilogramos en el total olímpico pero por menos peso corporal la pesista Colombiana alcanzó el sueño de la medalla dorada.

PARLAMENTARIA

En enero del 2002 la campeona Olímpica le da un cambio radical a su vida y decide lanzar su candidatura a la cámara de representantes por las comunidades negras, elección que se hizo realidad el 10 de marzo cuando fue elegida congresista para un periodo de 4 años. Desde el congreso Maria Isabel lucha por darle un espacio importante a la gente de bajos recursos especialmente a las negritudes y a los deportistas colombianos.

Y hoy muestra la país un resumen de su gestión Parlamentaria.

Por ello, mi compromiso refrendado ahora con el conocimiento real del Congreso, es que mi voz de mujer, pero sobre todo, mi voz de mujer negra, pueda ser muchas voces en defensa de la dignidad humana y de los derechos de tantos excluidos, sobre los que en realidad se edifica la historia de Colombia y a quienes sus sueños se les transforman en tristezas.

En tal sentido, siempre he guardado coherencia respecto a la defensa de los derechos de los colombianos en general y de las comunidades afrocolombianas en especial, lo que me ha llevado a rechazar los actos legislativos que vulneran tales derechos o que atentan de manera grave contra la fórmula política de la Constitución de 1991. Tales reformas constitucionales fueron básicamente el fallido referendo, el estatuto antiterrorista, la reforma pensional, la reelección presidencial inmediata, la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes y la que autoriza a los congresistas para ocupar los cargos de agentes diplomáticos, ministros o jefes de departamentos administrativos.

Del mismo modo, he realizado varios debates en la plenaria de la Cámara de Representantes, con citación y audiencia de los ministros del Interior y Justicia, Educación, Protección Social, Hacienda, Transportes, Cultura, el Director de Planeación Nacional, el Alto Comisionado para la Paz, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin abordar la situación de las comunidades Afrocolombianas
También adelanté debates relacionados con la situación de derechos humanos de las comunidades negras, en especial el desplazamiento forzado, el despojo al que están siendo sometidos por los actores armados y al riesgo que significa para su cultura, territorios y cosmovisión, la implementación de megaproyectos como el cultivo de la palma aceitera.

Otro aspecto objeto de debate, con citación y audiencia de la Señora Ministra de Cultura, fue el relacionado con la cultura afrocolombiana y afrodescendiente, pues se advierte el exiguo apoyo que tales expresiones tienen en el concierto nacional, no obstante su riqueza, variedad y la contribución fundamental que hacen a la configuración de la identidad nacional

También en plenaria adelanté el debate sobre el deporte nacional, asunto que se profundizó a su vez en varios debates llevados a cabo en las comisiones Sexta y Séptima de la Cámara. Allí, con citación del Ministerio de Cultura y de COLDEPORTES, se analizó el tema de los recursos para el deporte y la preparación de los deportistas, el cumplimiento de las metas propuestas en el plan sectorial para el deporte que hace parte integral del plan nacional de desarrollo, el cambio de adscripción de COLDEPORTES, instituto que salió del Ministerio de Educación y fue adscrito al de Cultura, no obstante que expresamente el artículo 52 constitucional declara que el deporte hace parte de la educación y constituye gasto público social, condición que no ostenta el ministerio de Cultura.

De otro lado, adelanté debates con citación y audiencia del Ministro de Hacienda y el Contralor General de la República con relación al comportamiento y sanciones al sector financiero y bancario y otro con ocasión de ciertas actuaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Del mismo modo, cité y realicé en la Comisión Séptima, un debate sobre la situación del Puerto de Buenaventura, con énfasis en su problemática fiscal, económica y social.

Finalmente, se adelantó en el seno de la Comisión Séptima de la Cámara, un debate sobre la liquidación de TELECOM, a efectos de examinar la situación de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a las madres cabeza de hogar, dado que el agente liquidador no respetó sus derechos relacionados con su vinculación laboral a la nueva empresa. Al respecto, hice parte de una comisión de seguimiento, junto a otro miembro de la Corporación, las representantes de las Madres Cabeza de Hogar y el Agente Liquidador. Este trabajo, contribuyó al reintegro de las madres cabeza de hogar a la nueva empresa, tal como lo habían decidido varias jueces y tribunales del país.

En los últimos meses, han sido varios los debates que se han dado en torno a la ley forestal, en los que hemos insistido en la inconstitucionalidad e inconveniencia de dicho proyecto, pues desconoce derechos superiores de las comunidades negras e indígenas, induce la explotación y comercialización exacerbada de los bosques naturales, además de pasar por encima de la inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios de propiedad colectiva y de atentar en materia grave contra el medio ambiente, el modo de vida, conocimientos y cosmovisión de las comunidades que se relacionan con los bosques naturales. Respecto a esta ley, presenté un articulado alterno y más de 30 proposiciones independientes, las que de manera irreglamentaria fueron desestimadas, es más, ni siquiera se consideraron por cuanto se impidió la votación y discusión artículo por artículo y finalmente, en la plenaria del 13 de diciembre de 2005 y luego de 11 ocasiones en las que no se había conformado el quórum reglamentario, se aprobó a pupitrazo esta ley nefasta para el país y especialmente para las comunidades étnicas, en desconocimiento de normas superiores y de instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano, con lo cual, no sólo se compromete su responsabilidad internacional, sino que se incurre en grave causal de inconstitucionalidad, por lo que procederé a demandarla ante la Corte Constitucional. En el trámite de dicha ley se desconocieron muchas voces de inconformidad, entre ellas la del Procurador General de la Nación, las Comunidades Etnicas y las Organizaciones Sociales.

Cabe anotar finalmente, que con respecto a la ley forestal, se constituyó una instancia de concertación con Ministerio del Medio Ambiente y algunos representantes de las Comunidades Afrocolombianas, fruto de la ocupación que se hiciera de la Iglesia de San Francisco. Sin embargo, las posibilidades de conciliación de textos favorables a las comunidades resultó en extremo difícil y apenas se logró que se excluyera a estas comunidades de la aplicación de algunas disposiciones de ley.

Con todo, el control político que ejerzo, es presidido por un interés superior de realización del bien común y de respeto irrestricto por mis convicciones en defensa de los derechos e intereses de todos los colombianos, con especial énfasis en los asuntos sociales, de derechos humanos, comunidades negras y del deporte nacional, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.